JUICIO: ACP c/ CFS s/ FILIACION.
En fecha 23/03/2023 mediante sentencia JUDICIAL por el Juzgado Civil y Comercial de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros – Tucumán, se hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por la parte Actora con la finalidad de hacer cesar el incumplimiento de sentencia de fecha 22/12/2020 sobre ALIMENTOS PROVISORIOS.
Este juicio nos resulta sumamente interesante ya que el Juez aprobó una serie de medidas para el cumplimiento de una sentencia que hacía dos años se encontraba sin poder ejecutar debido al incumplimiento de la parte demandada. – Las medidas que se tomaron con la finalidad de hacer cesar el incumplimiento de sentencia son las siguientes:
a) AL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS a cargo de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital, a fin que se proceda a la registración del Sr. FRANCO SEBASTIAN CHAILE, DNI N° 26.028.663, debido al incumplimiento con la obligación alimentaria dispuesta en Sentencia de fecha 22/12/2020.
b) AL PRESIDENTE DE LA A.D.P.U.T. (Asociación Deportiva de Profesionales Universitariosde Tucumán), a fin que se le prohíba al Sr. CFS, la asistencia y/o entrada a cualquier partido de fútbol organizado en el Complejo Deportivo de la Asociación como así también se le prohíba integrar cualquiera de los equipos que integran la asociación, todo bajo pena de sanciones conminatorias en caso de incumplir. A efectos de su notificación líbrese oficio al presidente de la entidad, Dr. JPS, mediante la aplicación de whatsapp, c) AL SR. INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN, a fin de que se abstenga de extender o renovar licencia nacional de conducir (en el caso que la solicitara), al Sr. CFS con domicilio ubicado en calle Santiago del Estero n°58, Barrio Centro, San Miguel de Tucumán, hasta que el mismo regularice el cumplimiento de las obligaciones alimentarias dictadas por Sentencia de fondode fecha 28/03/2022. De igual forma proceda a informar al Ministerio de Transporte y Seguridad Vial tal solicitud. d) A LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a fin de que se le impida la salida del país al Sr. CFS, hasta tanto el mismo regularice el pago de los alimentos que fueron dispuestos mediante sentencia de fecha 22/12/2020. e) A EDET S.A., empresa distribuidora de energía local, a efecto de que proceda a agregar en la liquidación mensual del medidor perteneciente a la parte incumplidora, Sr. CFS, el monto de la cuota alimentaria fijada mediante sentencia del 22/12/2020, y una vez percibido los importes correspondientes, proceda a depositarlos en la cuenta judicial abierta en el presente expediente.
b) Con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se han plasmado en diversos artículos la preocupación de todo el sistema jurídico en cuanto a asegurar el cumplimiento de la prestación alimentaria y de la sentencia que lo ordena, teniendo en cuenta la importancia que reviste la satisfacción de ese derecho para el desarrollo de los niños. Así podemos ver que se otorga a los jueces la facultad de hacer cumplir la sentencia judicial que manda abonar alimentos de variadas formas (art. 550), imposición de responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de retención y depósito de fondos correspondientes a la cuota alimentaria (art. 551), aplicación de intereses a las sumas no satisfechas aplicando la tasa de interés más alta (art. 552), adopción de otras medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553). Ahora bien, a pesar de dicho avance legislativo, encontramos situaciones en las que el cumplimiento de dicho derecho humano no se puede asegurar, y el presente caso es uno de ellos.
A pesar del valor de las normativas supranacional y nacional, en muchos casos se observa una “crisis de aplicación” del Principio del Interés Superior, y nadie desconoce que dicha crisis de aplicación se verifica mayormente en los juicios de alimentos.
Es por esto, que es importante agotar todas las medidas necesarias para la obtención del cumplimiento de una sentencia. Esto, a los fines de proteger el interés superior del niño. “Superior” hace referencia a una prioridad, supremacía, prevalencia, preeminencia, privilegio que no puede soslayarse. Asimismo, está protegida por la Convención de los Derechos del Niño, en sus arts. 4, 12 y 27 – entre otros. La Ley 26061 cuando refiere al Interés Superior del Niño señala que el mismo debe entenderse como la máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley -art. 3. También por el art. 75 inc. 22 de la CN, tales como el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el art. 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombres, y en lo que a los niños se refiere en forma específica, los arts. 6 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño.